La instalación del ascensor en la comunidad de propietarios es una las principales actuaciones que se llevan a cabo para suprimir las barreras arquitectónicas en una finca, permitiendo que el edificio sea universalmente accesible para toda persona.
En Catalunya, basta el voto de la mayoría simple para que se alcance el acuerdo para instalar el ascensor en la finca, de acuerdo con el artículo 553.25.2 letra a) del Libro V del Código Civil.
Pero, ¿Qué sucede cuando no se alcanza esa mayoría simple?
El artículo 553-25.5 del Código Civil de Cataluña establece que las personas mayores de 70 años o con alguna discapacidad puedan solicitar al Juez o a la administración que obligue a la comunidad a instalar el ascensor.
Si bien el artículo es bastante claro, hemos de ser prudentes en su aplicación, y tener en cuenta los criterios que los Juzgados y Tribunales tienen en consideración para dictar una sentencia que obligue a la comunidad a llevar a cabo esa actuación. Así, entre otros:
- Que el ascensor o instalación sea técnicamente viable.
- Que sea proporcionada de acuerdo a las necesidades de los vecinos.
- Clase y tipo de minusvalía, edad, e incluso número de peticionarios.
- Afectaciones a los otros derechos (espacios privados, ventilaciones, luces, etc…).
- Coste total de las obras.
- Capacidad de la comunidad y sus miembros para asumir el coste.
- Ayudas públicas (por ejemplo, el Consorci de l’Habitatge o la Fundación Mútua de Propietarios).
En nuestra práctica diaria, constatamos que los Juzgados y Tribunales son muy favorables a obligar a la comunidad de propietarios a adoptar las medidas necesarias para suprimir las barreras arquitectónicas, no obstante, debe tenerse en cuenta que no es un derecho absoluto que prevalezca frente a cualquier circunstancia.
Es necesario que tanto la comunidad de propietarios, así como aquellas personas que solicitan la instalación del ascensor, estén bien asesoradas para evitar costes innecesarios.
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